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Mitos de la prisión preventiva en México 07 de Agosto del 2015

La prisión preventiva en México es indebida, exorbitada, injusta y costosa. Es indebida porque contradice los principios constitucionales y del derecho internacional; es exorbitada porque la autoridad la utiliza extensa e indiscriminadamente: más de 40% de las personas señaladas como “probables responsables” son encarceladas. El día de hoy, aproximadamente 95 mil personas que se presumen inocentes ante la constitución, están privadas de su libertad, esperando a que las investigaciones y sus procesos concluyan. Representan el 41.5% de las personas encarceladas.

Es injusta en muchos casos, porque, por ejemplo, cada año alrededor de 50 mil personas (uno de cada cuatro imputados), que inicialmente fueron señaladas por el ministerio público, son dejados en libertad al no comprobarse su responsabilidad. Muchos de ellos fueron privados de su libertad, perdiendo la salud, la familia y el trabajo.

Además de esto, la prisión preventiva impone altos costos humanos, sociales y económicos. Las condiciones en las que se sufre la prisión en México son inhumanas. Existen casos extremos en donde la población penitenciaria ocupa el 270% de la capacidad de los reclusorios, lo que provoca consecuencias como hacinamiento, autogobierno, violencia e insalubridad.

Aunado a esto, la prisión preventiva también le cuesta a la sociedad, tanto por tener que prescindir de las aportaciones sociales y económicas de miles de personas encarceladas, como por mantener con sus impuestos la infraestructura y la demanda de sustento de más de 95 mil personas recluidas sin sentencia. Se estima que el costo diario de manutención de una persona encarcelada en México es de 140 pesos, es decir, que solo en alimentar y vestir a los presos sin sentencia se emplean en el país, en los tres niveles de gobierno, 13 millones de pesos diariamente.

A pesar de toda esta dolorosa evidencia, la sociedad mexicana ha permanecido indiferente a lo que Elías Carranza (Director ILANUD) ha denominado “genocidio carcelario” y a la injusticia de la prisión preventiva; en tanto que las autoridades consideran al encarcelamiento sin sentencia como un mal necesario, cuya dimensión, aunque contraria a los principios constitucionales y del derecho internacional, se pretende justificar con argumentos de política criminal.

Aquí se toman como ejemplo cuatro de los argumentos más utilizados y que se sugieren como “mitos” que  por años han invitado a la sociedad a resignarse o ignorar esta tragedia social que implica que decenas de miles de seres humanos sean sometidos a este sufrimiento.

Referencia bibliográfica:

ZEPEDA LECUONA, Guillermo Raúl, “Los mitos de la prisión preventiva en México” del Open Society Justice Initiative, México, 2009, 24pp.